A poco que nos adentramos en el análisis de la Ley 27.348 y el sistema que establece – agotamiento de una instancia administrativa previa, obligatoria y excluyente ante las Comisiones Médicas- para la determinación de la incapacidad de los trabajadores siniestrados, resulta evidente que dicha normativa tiene en miras optimizar los tiempos en la resolución de conflictos y divergencias en torno a tal punto.
