La Justicia está sufriendo cuestionamientos por la falta de credibilidad por parte de la ciudadanía respecto de la idoneidad y los valores de los magistrados que deben aplicarla.
Por eso hoy se impone como primer paso la recuperación de una imagen desgastada. Hay que atacar las causas que han generado corrupción dentro del ámbito judicial y que han politizado su labor. Las primeras planas de nuestros diarios dan cuenta de las irregularidades, los desmanejos y la lentitud en las investigaciones más sensibles por parte de jueces que deberían ser removidos por el mal desempeño de sus funciones.
Sin embargo, pareciera que la solución para mejorar el funcionamiento y la imagen del Poder Judicial es el traspaso de los juzgados nacionales a la Ciudad de Buenos Aires. Indudablemente, el diagnóstico está errado porque la denominación o cambio de status de un magistrado no modificará las causas que han provocado demoras o cuestionamientos en los trámites judiciales a su cargo.
Mucho se ha escrito sobre la constitucionalidad del traspaso de la Justicia, del status de la Ciudad de Buenos Aires, de los alcances de la denominada “Ley Cafiero”, de la inamovilidad de los jueces y otros aspectos jurídicos que exceden el objeto de estas líneas. El proyecto, tal como está concebido, enfrenta serios escollos prácticos y su puesta en funcionamiento lo tornará inviable o imperfecto, lo que afectará aún más el servicio de Justicia que nos merecemos quienes vivimos y trabajamos en la Ciudad de Buenos Aires.
En otros temas el presidente Macri habló de diálogo para buscar puntos de convergencia. Sin embargo en éste, tan delicado como es el servicio de Justicia, se pretende imponer el traspaso sin ningún tipo de consenso. La rapidez, la imposición y los plazos tan breves son malos consejeros cuando lo que está en juego son cuestiones institucionales de suma trascendencia.
La Cámara de Diputados ya tiene en estudio, dentro del marco de la iniciativa Justicia 2020, la transferencia en un plazo de dos años de todos los tribunales que componen la Justicia Nacional Ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires y del Ministerio Público al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los juzgados que hoy se quieren transferir ejercen una jurisdicción que abarca materias y habitantes de otras provincias. Existe un número importante de sociedades y empresas con domicilio social en esta cudad y actividades o industrias radicadas en el interior del país. Sus concursos y quiebras también son competencia de los Juzgados Nacionales. Innumerable cantidad de accidentes de tránsito ocurridos en otras ciudades también se resuelven en esta ciudad por el domicilio de las compañías aseguradoras.
Frente a esta realidad, adhiero a la tesis de la transferencia de competencias, que de hecho se encuentra en marcha desde hace algunos años en lo atinente a la materia contravencional. Entiendo que esta vía es la más apta para lograr una consolidada autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en lo atinente a la Justicia que involucra a sus vecinos. La Legislatura local debería instrumentar una justicia vecinal sin necesidad de ningún convenio de transferencia. La puesta en marcha de estos tribunales podría incluir la inmediata asunción de competencia en los conflictos de propiedad horizontal, medianería, desalojos, violencia familiar, fuero de consumo previsto en la Ley 26.993 y causas de determinada cuantía, que comprenderían la primera etapa de la consolidación de una justicia local.
Raul D. Aguirre Saravia*
*Ex presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.