En cumplimiento de las obligaciones asumidas internacionalmente en materia de lucha contra la corrupción y contra la delincuencia transnacional, en un contexto de proliferación de investigaciones penales en torno a presuntos delitos de defraudación al Estado, el Poder Ejecutivo Nacional giró al Congreso de la Nación un proyecto de ley que busca establecer un régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas. El objetivo es dotar de mayor eficacia a las políticas de prevención y lucha contra la corrupción, a través de la generación de incentivos para que las entidades prevengan la comisión de delitos por parte de sus integrantes.
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