La estabilidad de las normas, bajo la lupa de los inversores.
En una reciente entrevista realizada por LA NACION al presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresarias, Juan Rosell, sobre las condiciones necesarias que deben imperar en el país para recibir inversiones extranjeras, el directivo se refirió -entre otras cuestiones- a la ausencia de seguridad jurídica como una limitante del crecimiento económico.
Puntualmente, Rosell aludió a la inestabilidad legislativa (“que no haya regulación que cambie todas las semanas”, adujo con rigor). Al respecto, hemos asistido en los últimos meses a una serie de debates, marchas y contramarchas en torno de la sanción de leyes, decretos y regulaciones de diverso alcance, cuya vigencia no necesariamente garantizan per se un escenario legal estable y confiable para la inversión de capitales.
Y ello se dice por cuanto la seguridad jurídica de un país no sólo hace a la perdurabilidad temporal de las normas, sino también a la estabilidad y a la uniformidad en el proceso de interpretación de las mismas.
Puede tomarse como ejemplo lo atinente al nuevo régimen de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, recientemente sancionado por el Congreso de la Nación. No debe soslayarse, en un análisis integral de la problemática, que algunos fallos dictados hace tiempo por la Corte Suprema de Justicia tachando de inconstitucionales diversos artículos de la anterior normativa, implicaron de hecho -junto a las reformas legislativas consecuentes- la desarticulación del sistema, causando un efecto positivo y negativo a la vez.
Por un lado se benefició a los trabajadores que resultaban injustamente cercenados en sus reparaciones y, por el otro, se fomentó -no adrede, claro está- el incremento de los índices de litigios hasta límites alarmantes; ello, no sólo con el consabido costo en términos económicos para las partes actuantes en un pleito, sino también con un alto costo en términos de ineficiencia operativa en la administración de justicia -lógico corolario de juzgados atiborrados de expedientes- al fin y al cabo, otro parámetro válido para medir la seguridad jurídica.
Ciertas reglas dictadas por los tribunales en la labor de interpretación de las leyes, si conducen a la larga a situaciones generalizadas de ineficiencia económica resultan tan injustas como lo es para la mayoría de la gente un escenario económico prolongadamente incierto. En consecuencia, si las decisiones judiciales no cristalizan en desarrollo económico y humano a futuro y se fundamentan en la obediencia a una ideología -más o menos progresista o conservadora- terminan conculcando la identidad de las reglas de juego de todos en general y de los agentes económicos en particular, distorsionando la aplicación de recursos para la inversión productiva.
El autor es abogado de Aguirre Saravia & Gebhardt Abogados
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