Reflexiones acerca del derecho de querella por delitos vinculados a tiempos de epidemia

A partir de la propagación mundial de la COVID-19 (enfermedad así denominada por uso para definirla del acrónimo inglés Coronavirus desease 2019), teniendo en consideración la experiencia evidenciada por países de Asia y de Europa y ante la ausencia de un tratamiento antiviral efectivo o de una vacuna que lo prevengan, el Gobierno Nacional ha dictado el Decreto de Necesidad y Urgencia nro. 297/2020 en aras de proteger a la salud pública.

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COVID-19 Una enfermedad profesional acotada

A través del Decreto Nº367/20, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso considerar la enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 como una enfermedad de carácter profesional con determinadas limitaciones. Al tratarse de una afección que no se encuentra incluida en el listado de enfermedades profesionales, muchos consideraban que –en principio- el COVID-19 se trataba una patología no resarcible en los términos del art. 6 del apartado 2 inc. B de la Ley 24.557.

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La investigación criminal y la inteligencia

1) La actividad de Inteligencia. La inteligencia Nacional y la Inteligencia Criminal.

La Inteligencia Nacional está definida por la propia Ley 25.520 (art.2 inc.1) como la actividad de obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación. Como se advierte, la actividad a la que nos referimos cuenta con tres momentos o etapas fundamentales, a saber: (i) la obtención o reunión de información; (ii) su sistematización; (iii) el análisis de la información reunida y un norte determinante ya que esa actividad estará orientada a la información referida a riesgos o amenazas específicas que afecten la Defensa Nacional y a la Seguridad Interior de la Nación.

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La Resolución N° 11/2020 de la Inspección General de Justicia y las Reuniones de Socios a Distancia

i) En un reciente artículo publicado el pasado 20 de marzo de 2020 titulado “El mundo después del Coronavirus” el historiador y escritor israelí Yuval Noah Harari afirma que “decisiones que en tiempos normales pueden tardar años de deliberación son adoptadas en pocas horas” en épocas excepcionales y de emergencia como las actualmente nos toca atravesar.

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Coronavirus y el desafío de preservar las fuentes de trabajo

La pandemia provocada por el coronavirus ha desatado una crisis mundial de consecuencias inimaginables. Mientras en el frente sanitario se lucha con denuedo para “achatar la curva” de infectados, comienzan a escucharse pronósticos sobre las consecuencias económicas del Covid-19. Por supuesto, los vaticinios son para nada alentadores. En este contexto uno de los tantos desafíos es el de preservar las fuentes de trabajo, en especial en aquellas actividades que por sus características no pueden ser llevadas a cabo a través de”teletrabajo”.

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Sobre la desvinculación del personal: algunos criterios, otras mediciones

El principio protectorio que deriva del artículo 14 de la Constitución Nacional es uno de pilares sobre los que se asienta la arquitectura del Derecho del Trabajo, cuya razón de ser es proteger a quien es la parte jurídicamente más débil frente al empleador. Así, la regla de la norma más favorable para el trabajador que estipula el artículo 9 de la Ley de Trabajo (LCT) o la de la condición más favorable del artículo 7, son claros ejemplos del fuerte contenido protectorio que impregna la legislación con mira a equilibrar determinadas situaciones dispares. Dicho de otro modo, nuestro ordenamiento jurídico pretende buscar que aquellas diferencias encuentren en un punto de equilibrio o, directamente, que neutralicen. Por ello se sostiene que, con toda razón, en esta rama del Derecho se abandona la idea de igualdad, si bien no de la igualdad jurídica.

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Bienes Personales: expertos cuestionan una suba del impuesto

El gravamen, más conocido mundialmente como impuesto al patrimonio neto de las personas humanas, es una figura en extinción en el mundo. De 162 países, sólo 11 lo aplican. Nació en Europa; sin embargo hoy sólo lo aplican cuatro naciones de dicho continente: Francia, Noruega, Suiza (a nivel cantonal) y España que lo había derogado y luego lo reimplantó.

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